Las petroleras que operan en Malvinas le respondieron a Milei y aseguraron que las sanciones no frenarán el proyecto
Las dos petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron este viernes al presidente Javier Milei y desafiaron las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino.
La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, operadoras del yacimiento Sea Lion, difundieron un comunicado conjunto en el que minimizaron el impacto de las medidas.
“No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, afirmaron las compañías.
En el texto sostienen que las licencias para explorar y explotar el yacimiento fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas y remarcaron que cuentan con el “apoyo total y continuo del Gobierno británico”.
El proyecto Sea Lion es el primer gran desarrollo petrolero offshore en Malvinas. Prevé una inversión de US$ 1.800 millones y comenzaría a producir en 2028. Según un informe de la consultora Netherland, Sewell & Associates, dejaría entre US$ 2.850 y US$ 8.800 millones en regalías e impuestos para la administración de las islas a lo largo de sus 40 años de vida útil.
La respuesta de las petroleras llegó horas después de que Milei anunciara por cadena nacional un endurecimiento de la Ley 26.659, que sanciona la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.
“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, había advertido el Presidente, quien calificó al proyecto como “un peligro concreto y urgente para la soberanía nacional”.
Milei sostuvo que las compañías deberán elegir: “Tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras. No se pueden hacer las dos cosas”.
Además, anunció que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios que alcanzará también a accionistas, directivos y proveedores, enviará al Congreso un proyecto para crear un Consejo de Seguridad Nacional y confirmó la ampliación de recursos para la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.
