La magia volvió. Warner Bros. lanzó el póster oficial de Prácticamente Magia 2 (Practical Magic 2) y confirmó lo que todos los fans esperaban: vuelven las tres generaciones de brujas Owens.

La imagen, con Sandra Bullock y Nicole Kidman en primer plano y las velas encendidas, también muestra a las nuevas herederas y la mítica casa familiar iluminada de fondo. El lema en alemán dice "Alles, was du dir je verwünscht hast" (Todo lo que alguna vez deseaste).

Las tres generaciones confirmadas para la secuela:

1. Las tías: Stockard Channing y Dianne Wiest retoman sus papeles como Franny y Jet Owens, las excéntricas tías que criaron a las hermanas.

2. Las hermanas: Sally (Bullock) y Gillian (Kidman) Owens, ahora más maduras, enfrentando de nuevo la maldición que mata a los hombres de los que se enamoran.

3. Las hijas: Joey King y Maisie Williams, conocida por Game of Thrones, interpretan a Kylie y Antonia, las hijas de Sally. Según el tráiler, Kylie intentará romper la maldición viajando al Reino Unido tras una tragedia amorosa.

La película está dirigida por Susanne Bier y escrita por Akiva Goldsman. Se basa en The Book of Magic de Alice Hoffman y se rodó en los estudios de Leavesden, Inglaterra, con una reconstrucción exacta de la casa original.

Al elenco se suman Lee Pace, Xolo Maridueña (Blue Beetle) y Solly McLeod.

Prácticamente Magia 2 se estrena en cines de Argentina el 10 de septiembre de 2026.

Las dos petroleras que operan en las Islas Malvinas le respondieron este viernes al presidente Javier Milei y desafiaron las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino.

La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, operadoras del yacimiento Sea Lion, difundieron un comunicado conjunto en el que minimizaron el impacto de las medidas.

“No se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”, afirmaron las compañías.

En el texto sostienen que las licencias para explorar y explotar el yacimiento fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas y remarcaron que cuentan con el “apoyo total y continuo del Gobierno británico”.

El proyecto Sea Lion es el primer gran desarrollo petrolero offshore en Malvinas. Prevé una inversión de US$ 1.800 millones y comenzaría a producir en 2028. Según un informe de la consultora Netherland, Sewell & Associates, dejaría entre US$ 2.850 y US$ 8.800 millones en regalías e impuestos para la administración de las islas a lo largo de sus 40 años de vida útil.

La respuesta de las petroleras llegó horas después de que Milei anunciara por cadena nacional un endurecimiento de la Ley 26.659, que sanciona la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.

“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, había advertido el Presidente, quien calificó al proyecto como “un peligro concreto y urgente para la soberanía nacional”.

Milei sostuvo que las compañías deberán elegir: “Tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras. No se pueden hacer las dos cosas”.

Además, anunció que firmará un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios que alcanzará también a accionistas, directivos y proveedores, enviará al Congreso un proyecto para crear un Consejo de Seguridad Nacional y confirmó la ampliación de recursos para la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei adelantó un nuevo paquete de medidas- en Cadena Nacional- para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, con especial foco en las empresas vinculadas con proyectos de explotación de hidrocarburos en el área bajo control británico.

Durante un mensaje oficial, el mandatario ratificó que “las Malvinas son argentinas” y sostuvo que la disputa de soberanía con el Reino Unido constituye una política de Estado y una “causa nacional”.

Milei puso el foco en el proyecto petrolero offshore Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación podría comenzar en los próximos meses. Según planteó, el avance del proyecto representa un nuevo riesgo para los intereses argentinos porque implicaría la explotación de recursos naturales en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.

Más sanciones para las empresas vinculadas con Malvinas

Como respuesta, el presidente anunció que utilizará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales contra empresas y otros actores que participen de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

En ese marco, la Cancillería informó que ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos relacionados con las Malvinas.

Además, el presidente anunció un decreto para reforzar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.

El objetivo será fortalecer los mecanismos de detección e intercambio de información y facilitar la aplicación de sanciones contra las compañías involucradas, sus directores, proveedores y otros actores que participen de esas operaciones.

El Gobierno también anticipó que buscará impedir que las empresas que intervengan en proyectos no autorizados en las islas puedan operar en territorio argentino.

Una nueva base naval en Tierra del Fuego

Otro de los anuncios centrales fue el envío de un Decreto de Necesidad y Urgencia para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa.

El objetivo prioritario será avanzar en la construcción de una Base Naval integrada en Tierra del Fuego y ampliar las capacidades argentinas en materia de telecomunicaciones.

Milei argumentó que la infraestructura permitirá fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y convertir a Tierra del Fuego en un polo logístico estratégico para la proyección geopolítica del país.

Una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

El mandatario también anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que tendrá como uno de sus principales objetivos modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con operaciones no autorizadas en las áreas cuya soberanía reclama la Argentina.

La iniciativa contempla extender las sanciones a proveedores y otros actores que colaboren con esos proyectos. También establece restricciones para que los infractores puedan contratar con el Estado y con empresas privadas dentro del territorio argentino.

El proyecto prevé, además, la posibilidad de aplicar el denominado juicio en ausencia en los casos que correspondan.

Así se pretende extender este régimen a otras actividades desarrolladas en las islas que puedan afectar los recursos naturales reclamados por la Argentina.

Un Consejo de Seguridad Nacional

La tercera línea de la iniciativa será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como función definir una Política de Seguridad Nacional de aplicación transversal para todo el Estado.

El organismo buscará articular las áreas de Cancillería, Defensa y otras dependencias estatales frente a cuestiones consideradas estratégicas para la seguridad y la soberanía nacional.

El gobierno reivindicó el reclamo argentino ante la ONU

Durante el mensaje, el Ejecutivo recordó que la Constitución Nacional establece en su primera disposición transitoria que la Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes.

También destacó que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y han llamado a ambos países a resolverla mediante negociaciones pacíficas.

En ese sentido, el gobierno sostuvo que durante los últimos tres años presentó más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales británicas y afirmó haber obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en respaldo del reclamo argentino.

El mensaje incluyó además una referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien el gobierno atribuyó una reevaluación de la posición histórica de Washington respecto de la cuestión Malvinas.

Con el nuevo paquete de medidas, la administración nacional busca combinar la presión diplomática sobre el Reino Unido y las empresas involucradas con un mayor despliegue de herramientas legales, económicas y de defensa en el Atlántico Sur.

Fuente: Diario Uno

Conmoción en la escena del rock alternativo mexicano. Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, productor y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado el martes 1 de septiembre junto a su familia.

Las víctimas fueron halladas pasada la medianoche en la torre residencial Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, luego de que un amigo de la familia alertara a la policía. El amigo había recibido un mensaje de Jonathan avisándole que se iba a reunir con su socio y que si no volvía a llamarlo, diera aviso a las autoridades.

En el departamento fueron encontrados sin vida Meléndez (38), su esposa Ana Paola Barragán (35), embarazada de 4 meses, su hija Sofía de 3 años, y la trabajadora del hogar Aleyda Romero (21), además de la mascota familiar. Dos de las víctimas estaban maniatadas, según la Fiscalía del Estado de México. 

La Fiscalía informó la detención de dos sospechosos: Diego Sebastián "N", identificado como socio comercial de Meléndez y presunto autor intelectual, y Gerardo "N". La principal línea de investigación apunta al robo. 

Camilo Séptimo, que tenía previsto retomar su gira Mapas el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, publicó un mensaje de despedida: "Vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz".

El presidente Javier Milei hablará por cadena nacional este jueves sobre las gestiones vinculados al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, según confirmó oficialmente el Gobierno esta semana en la Casa Rosada.

El vocero presidencial Adrián Ravier precisó en su conferencia de prensa semanal que el jefe de Estado Milei dará detalles del análisis realizado por la Cancillería sobre las gestiones en torno al archipiélago. La emisión televisada será a las 21:00.

La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., firma controlante de la cadena de venta de electrodomésticos Musimundo, y dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que la empresa había obtenido en julio, en una resolución que reencauzó el expediente bajo la figura de quiebra después de un proceso atravesado por cierres de sucursales, una venta frustrada y un deterioro financiero que ya había derivado en una reestructuración similar en 2018.

La decisión fue adoptada el 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo de Fernando Luis Lavenas, en el expediente “CARSA S.A. s/ Concurso Preventivo”. Según informó la propia compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el tribunal revocó la resolución de apertura del concurso preventivo del 17 de julio y decretó la quiebra de la firma.

Cierre de sucursales y venta fallida

Antes de que se decretara la quiebra, el caso ya venía acompañado por señales de deterioro operativo. Musimundo, controlada por Carsa S.A., había cerrado 20 sucursales en el nordeste del país, en provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en un contexto marcado por la caída del consumo, el avance del comercio electrónico y la crisis interna de la compañía.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que la firma buscaba ordenar sus pasivos dentro del concurso preventivo y que los cierres alcanzaban locales considerados duplicados, es decir, plazas en las que la marca tenía más de un punto de venta. Allegados a la sociedad estimaban que la medida había dejado más de 100 puestos de trabajo afectados.

En las semanas previas a la presentación concursal, había comenzado una negociación para una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, la cadena surgida del recambio de marca de locales operados por Electrónica Megatone. Sin embargo, esa operación no prosperó.

De concurso preventivo a quiebra

A partir de la resolución, las actuaciones fueron recaratuladas como “CARSA S.A. s/ Quiebra”, lo que implicó un cambio de escenario judicial para la compañía. En su comunicación al mercado, la firma precisó que la medida fue tomada en el marco de la intervención de la sindicatura sobre un plan de reducción de estructura presentado por la sociedad.

Ese plan había sido aprobado por el directorio el 26 de agosto de 2026, después del cierre de sucursales y del fracaso de una operación para transferir 45 sucursales, que también había sido autorizada previamente por la empresa.

De acuerdo con el comunicado, el magistrado entendió que estaban dados “hechos reveladores del estado de cesación de pagos” en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras. Sobre esa base, consideró inviable la continuidad del concurso preventivo.

En forma indirecta, la empresa informó que la resolución judicial vinculó la quiebra con el deterioro de su situación financiera y con la imposibilidad de sostener el proceso concursal en las condiciones en que venía tramitando.

El antecedente

Carsa S.A. ya había recurrido al concurso de acreedores en junio de 2018, cuando declaró una deuda de 900 millones de pesos. Además, a fines de mayo de 2026 la firma registraba pasivos bancarios por unos 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como principal acreedor por cerca de 1.549 millones de pesos. La deuda concursal ascendía a 63.500 millones de pesos.

La decisión de presentarse otra vez en concurso preventivo no respondía a un incumplimiento bancario inmediato, sino al intento de reordenar el conjunto de las obligaciones de la compañía en un escenario de presión financiera.

El tribunal dispuso además la continuidad de la sindicatura ya designada en el expediente, a cargo del Estudio Contable Benítez, integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard.

También se mantuvieron las fechas ya establecidas para las próximas etapas del proceso. La presentación de pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura podrá realizarse hasta el 6 de noviembre de 2026. En tanto, el informe individual previsto en el artículo 35 de la ley deberá presentarse el 30 de marzo de 2027, mientras que el informe general del artículo 39 fue fijado para el 25 de junio de 2027.